La primera insurrección
El 4 de diciembre de 2017 el país vivía una crisis post electoral, tras la denuncia de la oposición de un supuesto fraude electoral por parte del reelecto presidente Juan Orlando Hernández, lo que fue utilizado por los policías para anunciar una 'huelga de fusiles caídos'.
En ese año, los uniformados justificaron que su paro era porque no estaban de acuerdo 'en tirarle al pueblo porque son nuestros hermanos', pero al mismo tiempo exigían mejoras salariales, trato digno y buena alimentación.
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Con esa idea se encerraron en su cuartel ubicado en la colonia 21 de Octubre de la capital de Honduras y se rehusaron a salir a las calles para dispersar las manifestaciones convocadas por la Alianza de Oposición.
Lo anterior, habría sido la gota que derramó el vaso y que acabó con los 39 años de existencia de los Cobras en el 2018, una de las unidades élite de la Policía Nacional, a la que 'la modernización' se la llevó de encuentro.
Eso también coincidió con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional en la que se creó la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y dentro de esta la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres).
Nueva rebelión
Los cobras desaparecieron, pero al parecer las intenciones de sublevarse aún siguen a flor de piel y esta vez con más exigencia por parte de los 'Especializados' que vuelven con la palabra 'No represión'.
'La Escala Básica de la Policía Nacional ratifica su compromiso en favor del pueblo hondureño y mantendremos la garantía de NO REPRESIÓN a nuestro pueblo y el respeto a nuestros derechos humanos', reza el primer punto en el largo comunicado de exigencia de los policías.
Asimismo, denuncian violaciones a sus derechos humanos por parte de los altos mandos y el no cumplimiento de seis puntos que supuestamente acordaron en el 2017, entre los cuales estaban no ejercer represalias contra los voceros de la huelga anterior, la revisión de seguros de vida, la no existencia de fondos para asistir a terapias o atención médica, falta de protección a sus hijos y los beneficios en caso de fallecimiento.
En su reclamo también lamentan el acoso laboral y sexual a sus compañeras, el goce de vacaciones, entre otras solicitudes.
Irrespeto a la Ley
El artículo 33 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional reza: 'Los miembros de la Policía Nacional deben impartir y acatar las órdenes de sus superiores y de las autoridades competentes'.
Sin embargo, este mandato a los manifestantes se les ha pasado por alto, un ejemplo de esto fue que sacaron de la instalación a punta de bombas lacrimógenas a su director, José David Aguilar Morán.
ADEMÁS: Con bombas lacrimógenas sacan al director de la Policía Nacional de las instalaciones de los Tigres
Atípico
Lo que si puede quedar claro, es que es inusual que en un país 'civilizado' los agentes del orden llamados a cumplir y hacer cumplir la Ley, no sigan los procedimiento de reclamo que brinda la Ley interna.
De lo anterior se encarga la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL), la cual fue creada con autonomía técnica, administrativa, financiera y operativa, a cargo de investigar las faltas muy graves y graves en que incurran los miembros de la Secretaría y de la Carrera Policial, para lo cual debe llevar a cabo todas las acciones y diligencias necesarias que acrediten la infracción cometida y la responsabilidad del miembro de LA SECRETARÍA y de la Carrera Policial investigado, garantizando el derecho
de defensa, con el fin de preservar la buena conducta, ética, integridad, disciplina, transparencia, legalidad y eficiencia de sus miembros.
La DIDADPOL, según la Ley, tiene autoridad y estructura nacional para realizar las investigaciones en materias de su competencia; y para su eficaz desempeño puede establecer las Oficinas Regionales o Departamentales, según las necesidades.
