Honduras

Poder Judicial crea unidad para dar protección a operadores de justicia

Una Coordinación General y un Comité Técnico se encargarán de brindar protección, medir riesgos, registrar afectaciones, emitir alertas tempranas, investigar y realizar acciones para frenar agresiones a operadores

30.10.2018

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bajo una coordinación general con una estructura operativa de cuatro oficinas y un comité técnico funcionará la recién reglamentada Unidad Especial de Protección del Poder Judicial. EL HERALDO accedió en exclusiva al documento que detalla cómo funcionará la estructura, los cargos y las funciones que servirán para resguardar a los operadores de justicia en el país.

Ante el peligro manifiesto al que se enfrentan los operadores de justicia del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reglamentó la Unidad Especial de Protección.

En Honduras hay un aproximado de 900 jueces que no están protegidos bajo ningún mecanismo de protección y que ahora gozarán de un resguardo para ellos y sus familias. La unidad se encargará de medir los riesgos internos y externos asociados al Poder Judicial para jueces, magistrados y defensores públicos.

Además llevará el registro de afectaciones y agresiones en contra de los operadores de justicia del Poder Judicial. Este registro debe tener un nivel de confidencialidad que proteja a las víctimas, sus familiares y equipos de trabajo.

Recientemente Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial, reveló un caso en el que era necesario un mecanismo de protección para guardar la integridad física de un operador de justicia que estaba bajo amenaza. Casos como este no están contabilizados en una base de datos porque hasta ahora se llevará un registro real con la creación de la unidad.

Instancias
Por su parte Melvin Duarte, portavoz de la CJS, explicó que siempre han existido instancias en que los jueces han podido denunciar amenazas de algún tipo, pero que con la creación de la unidad el sistema será fortalecido.

Como parte de sus funciones la unidad también se encargará de presentar ante el presidente de la CSJ informes de coyuntura sobre situaciones de orden público y judicial, así como alertas tempranas sobre marcos legales, políticas públicas o directrices institucionales, que puedan afectar los principios de imparcialidad, independencia y estabilidad de los operadores de justicia, o poner en riesgo su vida, integridad, libertad y seguridad.

La unidad deberá implementar y realizar acciones dirigidas a enfrentar las agresiones de cualquier tipo contra los operadores de justicia, lo que implica que tendrá actuar ante las instancias encargadas de las investigaciones por las agresiones contra los afectados y exigir que estas trabajen de manera seria, profesional y científica en todas las investigaciones por estos hechos, destinando todos los medios para enfrentar la impunidad, identificar los autores intelectuales y materiales, procesarlos y reparar adecuadamente a las víctimas.

Como parte de sus funciones incluye capacitar a todos los funcionarios públicos, en particular a aquellos que laboran en las dependencias involucradas en el proceso de implementación de la Unidad, a través de formación constante sobre las garantías para la independencia y la obligación de protección en favor de los operadoras de justicia e impulsar el intercambio de experiencias con otros países que puedan aportar en el diseño de medidas y estrategias de prevención y protección.

La Unidad Especial de Protección del Poder Judicial contará para su funcionalidad con una Coordinación General y un Comité Técnico.

La Coordinación General tendrá una estructura operativa conformada de la siguiente forma: Oficina Técnica de Asesoría Jurídica, Oficina Técnica de Soporte Administrativo, Oficina de Recepción de Casos, Reacción Inmediata y Gestión Preventiva del Riesgo y la Oficina de Análisis de Riesgo e Implementación de Medidas Preventivas y de Protección que realizará las acciones administrativas y previsiones presupuestarias para dotar a la Unidad de los recursos necesarios y suficientes, tanto para su funcionamiento, como para la implementación de las medidas de protección. Por su parte el Comité Técnico será un órgano deliberativo encargado de efectuar los dictámenes de los estudios de evaluación de riesgo y emitir las medidas preventivas y de protección de las solicitudes presentadas a la Coordinación General.