La jueza de primera instancia convocó para este miércoles a las 9:00 de la mañana a los apoderados legales y a los imputados para realizar la audiencia de notificación de cambio de medidas sustitutivas contrarias a la prisión.
Esta audiencia estaba prevista para el lunes, pero será hasta este miércoles que en el Juzgado en Materia de Corrupción se cumpla la determinación que dictó la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción.
Ahí se establece que los acusados en más de 600 delitos de corrupción deben estar recluidos porque se les revocaron las medidas sustitutivas. En caso de que alguno de ellos no se presente de manera voluntaria, se emitirá una orden de captura en su contra. Los acusados son: Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Julio Barahona. Asimismo Liliam Maldonado, Celino Aguilera y José Francisco Quiroz.
9:00de la mañana es la horaen la que están convocadas las partes al Juzgado contra la Corrupción. |
A ellos se les presume responsables de desviar 13.5 millones de lempiras del presupuesto del Poder Judicial en viáticos y otras irregularidades. El apoderado legal de Aguilera, Germán Amador, interpuso ayer en la mañana ante el Juzgado en Materia de Corrupción un recurso de reposición para que la audiencia de cambio de medidas ahora se reprograme y se postergue por más días.
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Los demás apoderados legales expresaron que no interpondrán ese recurso y que se presentarán a la audiencia. Se conoció que tras finalizar la audiencia de notificación, los exmiembros del extinto órgano serían enviados a prisión.
“Nosotros compareceremos a las 9:00 de la mañana en acatamiento a la justicia”, expresó Rosa Elena Bonilla, miembro del equipo de abogados del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés.
La abogada interpuso un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado a favor de su defendido para que no se le suspendan las medidas. “Él (Rivera) está quebrantado, pero está con fortaleza, conoce su inocencia y sabe las consecuencias de las situaciones jurídicas y que hay que respetar”, indicó. Delmi Márquez, abogada de Teodoro Bonilla, también interpuso un recurso de amparo.
La única opción para que los imputados no vayan a prisión es que la Sala Constitucional resuelva el amparo antes de que se realice la audiencia.
Los exconcejales ya efectuaron el pago de una fianza valorada en más de un millón de lempiras, hipotecaria y algunos en efectivo, para defenderse en libertad condicional. Sin embargo, al ir a prisión les regresarán esa fianza.
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