Tegucigalpa, Honduras
“Cualquier iniciativa que sea real para el combate a la corrupción y asumir un compromiso ético en el cumplimiento a lo que establece la ley, es positivo, es bueno”.
Ese es el criterio de Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional Honduras, al ser consultado por EL HERALDO sobre el compromiso adquirido por los presidentes de los tres poderes del Estado al suscribir y firmar la declaración para consolidar a Honduras como un Estado Abierto e instalar la Mesa Interinstitucional por la Transparencia.
“Demostramos ser un país comprometido con la transparencia y en lucha permanente contra la corrupción”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández en la sede del Poder Ejecutivo.
Con la firma de la declaratoria por parte del mandatario, de Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional, se logra un efectivo compromiso político e interinstitucional para impulsar con mayor corresponsabilidad de todas las fuerzas sociales del país la lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Hemos venido haciendo grandes esfuerzos por transparentar el país. Desde ver las buenas prácticas hasta replicarlas en nuestro Estado. Soy creyente de que el país tiene que cambiar. Se tiene que cuidar en no destruir nuestra institucionalidad. De lo que se trata es de proteger el bienestar de nuestra gente”, manifestó Hernández.
“Con esta declaración asumimos el compromiso de implementar la Política Nacional de Transparencia, Integridad y Prevención a la Corrupción, que es la que nos permitirá consolidar un Estado Abierto, transparente, ágil, responsable y eficiente”, recalcó el Presidente.
Por su parte, Rolando Argueta, presidente de la CSJ, señaló que “Honduras ha caminado en la lucha contra la corrupción. Debemos de implementar las acciones que respalden la Declaratoria para Consolidar a Honduras como un Estado Abierto”.
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Compromiso
Ante esas expresiones, el representante de Transparencia Internacional dijo que “lo que quisiéramos es que haya mecanismos de previsión y que juntos, con el pueblo hondureño, ir viendo los avances que se tienen en la lucha contra la corrupción”.
“Cualquier acción que haga el gobierno o entidad pública o privada en materia de corrupción es buena, pero lo que queremos es que haya un compromiso genuino de todos los poderes del Estado, de todas las instancias en el cumplimiento irrestricto de la ley, porque las leyes en Honduras ya establecen los criterios para que el país sea transparente”, explicó Carlos Hernández.
“No tenemos que inventar nada más, ya lo tenemos todo. Lo que necesitamos es cumplir la ley y sancionar de forma ejemplar y oportuna a quien no hace lo que establece la normativa”, recalcó.
La iniciativa
Un Estado Abierto es el nuevo paradigma que está alentado por gobiernos genuinamente interesados en legitimar, por esta vía, una gestión más participativa y colaborativa de la ciudadanía en la lucha por incrementar los componentes participativos y deliberativos de la democracia.
Para el representante de Transparencia Internacional el tema de la percepción de la corrupción en Honduras “es muy alta y eso tiene una explicación, ya que es por el hecho de que en los últimos cinco años Honduras tomó la decisión de hablar más de corrupción”.
“Se tomó la decisión de entrarle al tema y nos parece que eso es positivo, porque hoy hablamos de corrupción, hay más casos judicializados, hoy la corrupción es un tema de sistema y creo que eso es positivo”, manifestó Carlos Hernández.
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Política de Estado
Mientras que Lester Ramírez, director de Investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), detalló que el tema de transparencia “es una política que obviamente proviene del Estado y que se va a implementar por parte de las instituciones dado el contexto del país”.
“La iniciativa siempre es bienvenida, pero que no sea vista como algo que pueda simplemente considerarse como una fachada o algo que pueda verse de forma superficial. Lo que podemos observar es que el Estado pueda legitimarse con resultados y hacer muchos cambios que implican reformar leyes importantes como, por ejemplo, la del Tribunal Superior de Cuentas y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para crear un capítulo en materia dedicado a las alcaldías”, detalló Ramírez.