Tegucigalpa, Honduras
Pese a que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emplazó al Ministerio Público para que le envíe la información sobre el uso de fondos sociales, este ente investigador no está obligado a remitirla.
“Con la fe de erratas hecha a la Ley Orgánica del Presupuesto quedó derogada esta obligación”, dijo a EL HERALDO una fuente ligada a las investigaciones.
Es decir, que el Ministerio Público tiene abierto el camino para seguir realizando las investigaciones en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos implicados en el mal manejo de fondos.
Inicialmente, la Ley del Presupuesto indicaba que “todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos y entregados al TSC para realizar la auditoría correspondiente, por parte de quien los posea o a simple requerimiento de este”.
Pero con la fe de erratas se estableció que “todos los documentos relacionados con dichos fondos deben ser remitidos por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para realizar la auditoría correspondiente”.
La fuente manifestó que es potestad del fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, autorizar a los investigadores para remitir la información requerida.
El TSC determinó ampliar hasta el 25 de junio el plazo para que los diputados y exdiputados del Congreso Nacional, Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONG) y personas naturales o jurídicas, que recibieron fondos públicos, presenten sus liquidaciones
