Honduras

En un solo debate, Congreso Nacional aprueba reformas a la Ley sobre Privación de Dominio

Las enmiendas a 17 disposiciones contenidas en el artículo uno de este dictamen fueron admitidas con más de 70 votos a favor,

20.03.2018

Tegucigalpa, Honduras
El Congreso Nacional aprobó la noche de este martes las reformas a disposiciones de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

Con la oposición de las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) así como del Partido Innovación y Unidad (Pinu), de forma sorpresiva y en una circense sesión fue presentado esta noche el dictamen de estas enmiendas que fue elaborado por la Comisión Legislativa de Seguridad de la cual emitió un voto particular el diputado del partido de izquierda, Edgardo Casaña.

Las enmiendas a 17 disposiciones contenidas en el artículo uno de este dictamen fueron admitidas con más de 70 votos a favor, en los que se incluyeron los sufragios de los diputados de la bancada del Partido Nacional, organizaciones minoritarias y algunos legisladores del Partido Liberal a fines a Elvin Santos.

Los dos restantes artículos fueron admitidos a “matacaballo” y con la misma cantidad de votos a pesar del rechazo de la oposición política. Tanto la jefa de bancada del Pinu, Doris Gutiérrez como el vocero de la bancada de Libre, Jorge Cálix anunciaron que los parlamentarios de estas dos fuerzas políticas no respaldarían estas reformas que beneficiarán a los corruptos y que implican un golpe a la lucha contra la corrupción.

El vicepresidente del Congreso, Denis Castro Bobadilla, quien fue el diputado proyectista decidió retirar la iniciativa que presentó y adherirse al dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad presidida por Mario Pérez, legislador del Partido Nacional.

Un nuevo artículo presentó el diputado de la Alianza Patriótica Hondureña el cual estipula que “todo perjuicio generado al Estado de acciones derivadas a esta ley, la Procuraduría General de la República persiguirá los bienes y activos de los funcionarios que hayan incurrido en la misma”.

Lo anterior implica que el Estado se verá obligado a indemnizar a los afectados por el perjuicio ocasionado, luego de la determinación del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Esta disposición también fue aprobada y se añadirá al dictamen por la comisión de estilo que fue nombrada.