Tegucigalpa, Honduras
Unos 963 candidatos han aperturado sus cuentas ante las instituciones bancarias a tres días de que venza el plazo otorgado por la Unidad de Política Limpia.
Se trata del 25% de los 3,850 aspirantes de los tres niveles electivos que están obligados por la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, precisó a EL HERALDO Javier Franco, comisionado de este órgano adscrito al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Mencionó que “de momento estamos contentos porque hemos visto cumplimiento y cómo en los últimos días ha habido mayor interés y afluencia por parte de candidatos; esperamos que en esta semana hayamos logrado la mayor cantidad posible porque nadie se debería de quedar sin el registro de sus cuentas”.
Los comisionados y demás personal de esta unidad técnica estuvieron atendiendo consultas vía telefónica y recibiendo los reportes de apertura de cuentas bancarias por correo electrónico de los sujetos obligados durante la recién pasada Semana Morazánica, indicó.
Aunque esta entidad emplazó a los candidatos por el incumplimiento del requisito al pasado 2 de octubre, determinó prorrogar por diez días más para que cumplan con las disposiciones de la también denominada Ley de Política Limpia.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una resolución para que las instituciones financieras faciliten la apertura de cuentas debido a trabas denunciadas por varios postulantes.
Cumplimiento
Franco destacó que seis de los diez partidos políticos ya cumplieron con el trámite de abrir al igual que registrar sus cuentas, incluyendo la designación de sus responsables financieros.
El 50% de los presidenciables ya realizaron el registro de sus aportaciones, mientras que un 25% en cuanto a las diputaciones y de alcaldes solo un 15%, pormenorizó.
El funcionario detalló que “el no aperturar su cuenta financiera lo que va a hacer es evidenciar que las personas que pudieran haber sido objeto del gasto de campaña tendrán que presentar después del 26 de noviembre -pierdan o ganen- un informe financiero y no podrían justificar un ingreso o gasto”.
Además, los aspirantes se exponen a sanciones pecuniarias que van de 50 a 100 salarios mínimos -entre 508,400 y 1,168,000 lempiras- hasta la inhabilitación del cargo que hayan obtenido en el proceso democrático que se avecina, advirtió.
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