El nuevo gobierno que tomó posesión el pasado 27 de enero de 2014 ha convocado a los sectores más representativos del país a socializar lo que ha denominado “El pacto por Honduras”.
Este pacto tiene como objetivos fortalecer la gobernabilidad democrática del país con apoyo de los sectores convocados, para lograr la convivencia armónica y el desarrollo integral de la población, mediante una serie de reformas estructurales en el ámbito económico, político y social para llevar al país al pleno goce de su potencial productivo y a la construcción de una sociedad más justa, en donde se propicie la reducción de la inequidad y las desigualdades.
Al pacto han sido convocados representantes de los sectores campesino, obrero y privado, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias Católica y Evangélica, los medios de comunicación, la academia y los partidos políticos. Los representantes de estos diferentes sectores serán asignados a cinco mesas de diálogo clasificadas por temas.
La mesa No. 1 se denomina “Recuperar la paz y la seguridad de las familias hondureñas”; la No. 2, “Alcanzar una sociedad más justa con igualdad de oportunidades”; la No. 3 “Conducir al país al pleno goce de sus potencialidades”; la No. 4, “Instaurar una cultura de honestidad, legalidad y transparencia” y la No. 5, “Perfeccionar la democracia y construir un gobierno simple y eficiente”.
Cada mesa contará con un coordinador designado por el Presidente de la República y un equipo técnico de acompañamiento.
Habrá una comisión rectora para darle seguimiento al desarrollo de los temas de cada una de las mesas, integrada por tres representantes propietarios, tres suplentes del Presidente de la República, un representante propietario y un suplente de cada sector participante.
Esta comisión se reunirá una vez al mes y, en casos especiales, realizará reuniones especiales para atender temas urgentes o situaciones que ameriten la intervención de la misma.
Como se puede deducir de los títulos, en las mesas se analizarán, discutirán y tomarán decisiones sobre los temas asignados a cada una de ellas, que van desde depuración de los órganos de seguridad, crimen organizado, criminalidad común, prevención, transferencias condicionadas, atención primaria de salud, vivienda social, previsión social, seguridad jurídica, promoción de inversiones y exportaciones, política fiscal, corrupción y venta y tráfico de influencias, impunidad, evasión fiscal, reforma política y electoral, modernización del Estado, derechos humanos, el juicio político, entre otros.
Dada la compleja situación que vive el país, los hondureños tenemos la obligación de participar en estas iniciativas, unidos por el deseo de lograr cambios estructurales que sean de beneficio para el país.
Honduras tiene todo para retomar el camino del crecimiento económico alto y sostenido, contando con recursos naturales, con mano de obra que bien entrenada puede cumplir con estándares internacionales, tratados de libre comercio para incrementar substancialmente las exportaciones y la ventaja de estar cerca del mercado más grande del mundo.
Sin embargo, para lograr ese viraje se necesitan acuerdos entre el gobierno, los sectores productivos y la sociedad que permitan un clima propicio para la inversión productiva, el crecimiento y el bienestar.
El Estado debe convertirse en un facilitador de la inversión, establecer reglar claras y estables del juego, reducir todos los trámites y papeleos, despolitizar y eficientar las instituciones públicas, romper los lazos del compadrazgo y los favores hacia grupos privilegiados, fortalecer el imperio de la ley y combatir la impunidad y la corrupción en todos los niveles.
“El pacto por Honduras” abre una ventana de oportunidad para impulsar esas reformas estructurales que son tan necesarias, pero debemos evitar que, como ha sucedido con otras iniciativas, al final solo se generen documentos y no se tomen las decisiones y acciones que se requieren para promover esas reformas.
El nuevo gobierno está empezando con un serio problema fiscal, altos niveles de endeudamiento y un lento crecimiento de la economía y altas expectativas de los sectores sociales que demandan empleo, vivienda, seguridad, buena educación para sus hijos y servicios de salud de calidad.
Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer para redirigir el país hacia un sendero de prosperidad, que genere beneficios para todos.