Definitivamente los diputados y la clase política hondureña acaban de dar una contundente demostración al pueblo hondureño, que la institucionalidad es usada para atropellar no solo las normas jurídicas, sino que los más sagrados intereses nacionales.
El aprobado contrato de energía térmica sucia que la ENEE suscribió con la empresa Westport, calificada de intermediaria y de maletín por sus críticos y aceptada por las mismas autoridades de la empresa estatal, a pesar del coro generalizado del conjunto de la sociedad civil hondureña, evidenció a los diputados que no se merecen el calificativo de 'representantes del pueblo'.
En esta ocasión, los diputados, excepto los honrosos 39 que votaron en contra, ejercieron como 'verdugos financieros' de los hogares hondureños, ya que al aprobar el referido contrato claramente condenan a los ciudadanos a pagar más dinero el próximo año en su factura eléctrica mensual.
Sería ejemplar identificar a los 87 diputados que votaron para crucificar al pueblo hondureño, ya que en apenas unos ocho meses como máximo estarán haciendo proselitismo para buscar un cargo de elección popular, probablemente su propia reelección, por medio de los partidos tradicionales que acudirán a elecciones primarias e internas en noviembre de 2012.
Ya es tiempo de enviar un mensaje claro y fuerte a los diputados y políticos de que sus acciones contrarias a la población tendrán un castigo real y no solo la sanción moral a la que son sometidos en sus comunidades cuando son señalados como personas poco creíbles.
Es necesario que, ya sin defensa institucional y sin políticos, sean los ciudadanos los que tomen la iniciativa del castigo.
