También el manejo de la economía está lejos de obtener los frutos esperados en el actual gobierno. En vez de estímulos a la inversión y a la producción, más bien se han aprobado una serie de medidas que ahuyentan no solo a los inversionistas, sino que también a los ahorrantes y hasta han provocado una caída en la recaudación de impuestos.
Desafortunadamente, tampoco existen señales de que se quieran corregir entuertos como lo demuestra el proyecto de presupuesto nacional para 2013 con 20 mil millones de lempiras más que el del año actual cuando ni siquiera se ha logrado un acuerdo con el FMI.
Mientras, los esfuerzos realizados en la DEI, -donde también se exhibe el caos administrativo con dos directores ejecutivos, una junta interventora y ahora una comisión gubernamental en tres años-, siguen sin alcanzar las metas de recaudación, a la par del endeudamiento interno, también aumenta peligrosamente la fuga de capitales e incluso de empresas.
La incapacidad para crear un buen clima de inversión en Honduras es tan obvia que, en contraposición de su ideología izquierdista, prochavista, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha logrado atraer mucho de la inversión que estaba o planeaba instalarse en Honduras, incluso de parte de empresarios nacionales.
Y es que además de la inseguridad imperante, el discurso antiempresarial desde poderes del Estado, el constante cambio de reglas, los caros y deficientes servicios públicos, y básicamente la búsqueda fácil, vía impuestos, de fondos para satisfacer la insaciables burocracia, se han constituido en verdaderos repelentes de la inversión nacional y extranjera.
Por otro lado, la inversión social, en vez de incentivar a los más pobres del campo y la ciudad para que generen sus propios ingresos, incrementando así la producción y el empleo, es de corte meramente populista y se traduce en bonos que solo incrementan el paternalismo estatal.
Todo parece indicar que quienes manejan la economía, como ocurre ahora con la seguridad, también requieren de una extensa y profunda depuración, ya que su falta de idoneidad es tan evidente como la de los llamados “operadores” de justicia.
