Si no se adoptan las medidas extraordinarias indispensables para materializar una verdadera depuración policial, se corre el gran riesgo de estar nuevamente ante una oportunidad desperdiciada. No cabe duda del avance que significa el hecho de que ahora se conozca pública y oficialmente que la policía no solo ha fracasado en la lucha contra la inseguridad, sino que es la principal culpable de que Honduras sea hoy considerado el país más violento del mundo.
Pero, si no se actúa de forma contundente, solo quedarán para alimentar la historia del delito y la impunidad los sórdidos detalles de que la estructura policial está involucrada en asesinatos, asaltos y secuestros; que están al servicio del narcotráfico, que son los cobradores del 'impuesto de guerra', que también extorsionan para dejar operar actividades ilegales; que se roban las armas compradas con los impuestos del pueblo; incluso que la cúpula policial 'vende' las plazas 'más rentables' para la criminalidad.
Quizás muchos de los más abiertamente implicados en todos estos delitos ya han huido, se estén destruyendo o manipulando pruebas, silenciando testigos. Las posibilidades de impunidad y de que todo se diluya en el tiempo crecen con cada día que pasa sin que llegue desde afuera del Ministerio de Seguridad y de la cúpula policial una 'supercomisión' dotada de poderes y autoridad moral, con tecnología y asistencia internacional, para realizar la profunda limpieza que se requiere.
El presidente de la República, el secretario de Seguridad y el propio Congreso Nacional deberían aceptar que existe una responsabilidad institucional en todo esto; que las cosas no se hicieron bien desde el traspaso mismo de la Policía del control militar al poder civil; que no se respetó la ley establecida para el manejo y permanente depuración y vigilancia social de la Policía, al hacer a un lado al Conasin.
Las cosas tampoco van bien si es obvio que las órdenes del Ejecutivo o que los decretos del Legislativo no han sido ni son ni serán suficientes; si de lejos se percibe que no hay capacidad, que en vez de querer llegar hasta al fondo pareciera que se quisiera cerrar rápido este negro capítulo, sin destaparlo todo y sin identificar y castigar a los culpables.
Del gobierno, del presidente de la República, depende ahora que se materialice o no el gran riesgo de que se desaproveche esta histórica oportunidad para iniciar en la Policía la depuración que requieren no solo todos los llamados 'operadores' de justicia, sino la totalidad de la administración pública y más allá.
