Si el titular del Legislativo finalmente decide que el período prolongado de “vacaciones” ha sido suficientemente largo y que ha llegado la hora de reanudar labores, cumpliendo con las obligaciones y responsabilidades inherentes de él y sus colegas, convocando a la totalidad de diputados (as), el tiempo disponible es cada vez más limitado para analizar y debatir e, idealmente, alcanzar consensos de los proyectos que esperan por su discusión y aprobación.
Se requiere, sin duda, de una alta dosis de flexibilidad, recíprocas concesiones y realismo político, por parte, tanto del oficialismo como de la oposición, para aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 y la iniciativa oficial de una reforma tributaria.
También esperan por su aprobación, nuevos préstamos con la banca internacional, -algo que eleva aún más la onerosa y ya impagable deuda externa, cuya amortización no debe colocar en un segundo nivel las necesidades socioeconómicas prioritarias de nuestros compatriotas en rubros vitales como la salud y la educación, crecientemente deteriorados; y su ejecución debe ser con total transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, alcanzando los niveles de ejecución conforme al gasto programado, tanto en inversión pública como gasto corriente.
Esta vez, el estudio del Presupuesto de la Nación debe contar con expertos en finanzas públicas para explicar y aclarar dudas y cuestionamientos a efecto de contar con debida comprensión de las y los parlamentarios, ya que la importancia de este documento y su contenido impacta en múltiples rubros institucionales, por lo que no debe ser aprobado, como en otras ocasiones, a mata caballo.
El oficialismo no debe olvidar que no cuenta con suficiente número de votos para la aprobación de cualquier decreto, por lo que está obligado a forjar consensos con las y los diputados de la oposición, sin intentar apelar a subterfugios como la convocatoria a los respectivos suplentes, tampoco ofrecer “incentivos” económicos bajo la mesa a determinados legisladores para que se abstengan de asistir a sesiones decisivas para el resultado final de la votación.
