Nuestro país debe aprovechar la actitud cooperativa, de buena voluntad, de la Administración Biden hacia el pueblo y gobierno hondureño para en búsqueda conjunta arribar a una nueva y fortalecida relación bilateral: respaldo para la generación de empleos vía inversión de capitales privados que contribuya a reducir significativamente el éxodo de compatriotas hacia la nación norteña; donación masiva de vacunas; apoyo en la lucha contra la corrupción e impunidad, respaldando la petición oficial a las Naciones Unidas para el envío de una comisión investigadora, colaborando con los esfuerzos locales en tal propósito; renovadas solicitudes de extradición de narcos ante la manifiesta debilidad que aún prevalece en los sistemas judicial y carcelario nacionales; nombramiento de la diplomática de carrera, embajadora Laura Dogu, quien al presentar cartas credenciales declaró: “Las prioridades del gobierno Biden para Honduras son ahora combate contra la corrupción, migración irregular, desarrollo económico”.
Recuérdese que desde 2017 el Departamento de Estado no acreditaba el reemplazo de James Nealon, inequívoco mensaje de inconformidad y rechazo al desempeño del anterior mandatario y su equipo de cercanos colaboradores.
Si nuestro gobierno es consecuente con sus promesas de campaña, aplicándolas y actúa de acuerdo con el “restablecimiento del respeto del ser humano, inviolabilidad de la vida, seguridad ciudadana”, tal como se comprometió la presidenta Castro en su discurso de toma de posesión, Washington concluirá que cuenta con un socio confiable con el que puede trabajar en políticas de recíproco beneficio.
Ello facilitará otras iniciativas necesarias: concesión de estatus de residente para más de 80,000 compatriotas beneficiados con el TPS, renegociación del TLC, contratación de mano de obra temporal para laborar en la Unión Americana. Sepamos aprovechar esta especial coyuntura de apertura para consolidar los históricos y crecientes vínculos humanos, políticos y comerciales entre ambas naciones.
