Con buen suceso, la Junta Nominadora de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha concluido con el trabajo encomendado y entregado al Congreso Nacional la lista de 45 candidatos, entre los cuales deberán escogerse los 15 nuevos inquilinos del Poder Judicial.
El trabajo de los nominadores ha sido calificado de extraordinario por varios sectores de la sociedad hondureña que siguieron de cerca el proceso, así como los veedores internacionales que llegaron al país con tal fin.
Ahora queda esperar que los diputados, de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, hagan el trabajo que les compete, tratando de respetar el orden de méritos establecido por los nominadores en el proceso de selección de los candidatos.
La aspiración de las y los hondureños es que la repartición de cuotas a las que se han acostumbrado los partidos políticos sea un mal recuerdo del pasado y que actúen en consonancia con las aspiraciones del pueblo de que se integre una nueva Corte Suprema de Justicia independiente, sin ataduras políticas.
Sería un grave error, un fuerte golpe a la endeble democracia, que los congresistas no lo entiendan así y quieran desconocer el trabajo de la Junta Nominadora e intenten, a último minuto, cambiar las reglas del juego establecidas en las leyes de la República.
Llegar a consensos mediante el diálogo debe ser ahora su trabajo, teniendo como único propósito elegir a los mejores de la lista que ya tienen en su poder, dejando de lado las viejas prácticas que han marcado las elecciones de los magistrados en el reciente pasado en detrimento del Estado de derecho.
En sus manos queda entregar al pueblo una Corte Suprema de Justicia que garantice la democracia y la independencia en la impartición de justicia por sobre los intereses de partidos, grupos de poder o particulares.
