31 días de la convocatoria a elecciones primarias en Honduras, el tema político toma relevancia, aun en medio de la pandemia del covid-19 que golpea a la sociedad hondureña, tanto en el campo sanitario como en el económico.
En los últimos días los dirigentes de las distintas fuerzas políticas han levantado su voz alrededor de la aprobación de la nueva ley electoral y de la construcción de un nuevo censo electoral, que legitimicen los procesos electorales que se avecinan, y, con ello, se alejen los fantasmas de los fraudes electorales que han marcado las últimas elecciones.
En las discusiones alzadas de tono, cada uno de los que aspiran a dirigir las riendas del Estado ponen delante de sí la defensa a ultranza de sus posiciones y ambiciones personales, y de los conglomerados políticos a los que pertenecen, con discursos que en nada abonan a la paz social que demanda la población en estos momentos de crisis.
Lejos están los políticos —que de paso hay que decir son los mismos que han estado al frente de las crisis políticas que arrastra el país en las dos últimas décadas— de poner sobre la mesa los intereses de un pueblo que demanda de quienes se erigen como sus líderes, que se sienten las bases de procesos electorales en los que se respete su voluntad manifestada en las mesas electorales.
La clase política debe reflexionar sobre la necesidad de alcanzar acuerdos por el bien de todos.
Las divergencias que hoy manifiestan públicamente no abonan a construir el país de oportunidades que todos soñamos, por lo que están llamados a generar diálogos constructivos alrededor de las aspiraciones populares.
Queda confiar que llegarán a los tan ansiados acuerdos que se requieren para que las próximas elecciones sean transparentes y se respete la voluntad popular en las urnas, pues como ellos bien lo saben la alternabilidad en el poder es la única salida a las crisis que arrastran cada cuatro años al país al despeñadero.
