El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) ha revelado cifras alarmantes sobre una situación que, en medio de la vorágine de problemas que abaten al país, pasa a veces desapercibida.
Se trata del creciente número de hondureños y hondureñas que día a día se ven obligados a desplazarse de sus hogares por causas relacionadas con la violencia, la delincuencia, amenazas, la extorsión y asesinatos.
El Conadeh ha detectado que las amenazas que obligan al desplazamiento forzado provienen de personas desconocidas, miembros de maras y pandillas, e incluso de operadores de justicia.
En algunos casos, esas amenazas provienen de personas conocidas de las víctimas, entre las que se cuentan amas de casa, comerciantes, docentes, estudiantes, transportistas, agricultores, abogados y operadores de justicia.
Son más de 240,000 las personas afectadas y, lo que es más grave, desatendidas por las autoridades oficiales. Según registros de organismos internacionales, en 2021 alrededor de 59,800 hondureños y hondureñas por estas causas se vieron obligadas a solicitaron refugio en diferentes países, lo que ubica a Honduras en el sexto lugar de nacionales que huyen de su patria en busca de protección para sus vidas.
Honduras reconoció en 2013 que el desplazamiento forzado interno generado por la violencia y por el accionar de la criminalidad organizada crea situaciones y condiciones atentatorias contra la dignidad humana y en especial contra la vida, integridad, salud, libertad y seguridad de las personas.
Sin duda, un pequeño paso en un largo camino que queda por recorrer y que lleve a garantizar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos, una realidad que, como lo dijo la titular del Conadeh, se vive en el país y atenta contra la dignidad de la persona humana.
