Son muchos las y los hondureños que siguen perdiendo la vida en el largo, tortuoso y peligroso camino en la búsqueda del mal llamado “sueño americano”.
Las víctimas son ciudadanos y ciudadanas que huyen del país que les vio nacer de la pobreza, del hambre, de la violencia y la delincuencia que golpea fuerte a la población; hombres y mujeres que aspiraban a cosas sencillas como un empleo decente que les permitiera atender con holgura las necesidades básicas propias y de sus familias o que clamaban por políticas de seguridad que les posibilitaran enviar a sus hijos a la escuela sin el temor de que en el camino serían reclutados o secuestrados por las pandillas.
Esta semana la tragedia ha tocado la puerta de más de siete familias hondureñas que perdieron a sus parientes en un naufragio ocurrido el lunes en el Golfo de México y el miércoles en un accidente de carretera en San Luis Potosí.
Una de las víctimas del naufragio era Tania Yadira Espinoza, una joven madre que estaba yendo a Estados Unidos junto a su hijo de 12 años a trabajar para cubrir las deudas que la agobiaban en su natal Quimistán, Santa Bárbara.
La historia de Tania es la misma de miles de hondureños y hondureñas que están ahora mismo en el camino hacia los Estados Unidos, y de muchos más que están organizando su viaje sin importar los peligros de la ruta, pues estiman que esta es la única opción que tienen para mejorar sus condiciones de vida.
Las autoridades gubernamentales lo saben, pero es muy poco lo que hacen para atender las necesidades de esta población, a la que cada cuatro años le hacen las ofertas electorales más seductoras posibles a cambio del voto que los lleve al poder. Este no debería ser más un tema de campaña. La obligación hoy es actuar para evitar que la gente siga huyendo en busca no de un sueño, sino de la muerte.
