El Ministerio de Seguridad acaba de asumir la conducción de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), que a lo largo del gobierno anterior funcionó bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
El cambio se da en momentos en los que las actividades de estos grupos delictivos siguen en crecimiento, especialmente de aquellos que se dedican al delito de extorsión.
Los extorsionadores están por todos lados, afectando a ciudadanos de a pie, a pequeños comerciantes y a las mipymes, pero también a la gran empresa y en especial al sector transporte, que ha sido uno de los más perjudicados por el alto número de operarios de los buses del transporte urbano, interurbano y taxis que han sido asesinados por negarse a pagar las cantidades que cobran los delincuentes.
Los especialistas dicen que este es un delito que mueve millones de lempiras anuales y resienten el trabajo de las autoridades, que se van rebasadas por los miembros de las bandas que se dedican a este ilícito. Incluso se ha señalado que policías están coludidos con los delincuentes y que ello ha contribuido al crecimiento del delito.En este panorama, el nuevo gobierno decide poner en manos de la Policía esta fuerza, creada el 1 de julio de 2018 para investigar y combatir diversos delitos que cometen las maras y pandillas.
Este no es el momento de analizar la labor de esta fuerza especial en sus cuatro años de funcionamiento, pues a diario se conoce que detienen y ponen a la orden de la justicia a personas ligadas a este ilícito.
Tampoco es tiempo de analizar si es o no correcto el cambio de mando de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional.Este es tiempo de demandar políticas claras y firmes en contra de las estructuras criminales que a diario atemorizan a la ciudadanía y se llenan los bolsillos de dinero fácil.
