El pasado fin de semana la ola de violencia siguió enlutando los hogares de muchos hondureños, entre ellos los de cuatro familias que se suman a centenares más que en el transcurso de este año han visto correr la sangre de abuelas, madres, hijas, tías, y, al mismo tiempo, sufren la indiferencia de las autoridades competentes, que nada o muy poco hacen para investigar y castigar a los responsables de los homicidios.
Según cifras oficiales, en lo que va del presente año son más de 1,500 las personas que han sido asesinadas en el territorio nacional, cifra que si bien es menor que la de años anteriores, sigue siendo alta y teniendo al país en la lista de los más violentos del continente americano.
En relación con los feminicidios, la situación tampoco es favorable, y seguimos estando a la cabeza de los países más letales para las mujeres a nivel regional y continental, con más de 170 casos de enero a la fecha.
Y esta situación se refleja casi todos los días con los informes de asesinato de mujeres, como es el caso de Tania Melissa Martínez Cálix y María Alejandrina Murillo, quienes murieron en circunstancias similares, aunque a kilómetros de distancia una de otra, cuando desconocidos las atacaron a balazos en sus hogares de la aldea El Higuerito, Cedros, Francisco Morazán y La Montañita, La Iguala, Lempira, respectivamente. Una tercera mujer fue encontrada muerta en el río El Salado, de la aldea El Tablón, en Gracias, Lempira, y la cuarta, en Tacaulpa, sector de Las Quebradas, Santa Bárbara. Ambas sin identificar.
La impunidad en cada uno de estos casos también es alarmante, pues la falta de investigación y castigo de los responsables solo perpetúa la violencia.
La muerte violenta de mujeres no puede ni debe verse como algo normal, no podemos seguir callando ante esta barbarie. El Estado está obligado hoy más que nunca a actuar para dar una respuesta integral a esta problemática.
