Crecientemente, la población experimenta frustración y desprotección en sus vidas y bienes, en estado permanente de indefensión y zozobra ante los actuales niveles del accionar delincuencial -común y organizado-, impune, cada vez más sofisticado tecnológica y logísticamente.
Como reacción está recurriendo a eliminar físicamente a quienes atentan contra sus existencias y posesiones materiales, lo que provoca una muy peligrosa espiral de violencia de consecuencias imprevisibles, en violación a los derechos humanos.
Para revertir este creciente deterioro en la convivencia pacífica, el abordaje para recuperarla debe ser, necesariamente, integral, incluyendo aspectos sociales (pobreza, exclusión, desigualdades, hogares desintegrados, carencia de oportunidades), económicos (desempleo), educativos (valores, deserción escolar y colegial), jurídicas (capacitación judicial permanente), sanitarias (adicción a estupefacientes).
Tal complejidad requiere de articulación y coordinación interinstitucional, entre los agentes locales y nacionales, igualmente con similares contrapartes de países vecinos, con responsabilidades compartidas y propósitos comunes, actuando al unísono fiscales, jueces, policías, trabajadores sociales, médicos, psicólogos, cada quien en su especialidad, para investigar, juzgar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad a los infractores.
Solamente de esa manera se logrará la prevención, protección, control de la inestabilidad física y emocional ciudadana, que incluye a los empresarios sometidos a la extorsión, lo que desalienta el invertir, expandir y diversificar sus actividades comerciales y de servicios, contribuyendo a la migración interna y externa y a la fuga de capitales nacionales y foráneos.
Para revertir el creciente deterioro en la convivencia pacífica no se debe politizarla, combatiendo las causales estructurales subyacentes, al igual que el contar con la permanente colaboración poblacional con las fuerzas del orden, así como implementar la depuración policial y judicial
