Solo en 2022 en Honduras han muerto de forma violenta 252 mujeres y niñas, y sus crímenes están en más de un 95% impunes, una situación intolerable desde todo punto de vista.
Las cifras solo reflejan que las acciones para frenar este, que solo es uno de los muchos tipos de violencia física, psicológica, económica y social a la que se enfrentan a diario miles de mujeres, no están dando los resultados esperados y solo son el reflejo de que falta mucho por hacer para garantizarles a ellas sus plenos derechos; una vida libre de violencia.
Y más grave es que en el caso de Honduras, es una problemática que desgraciadamente parece estarse “normalizando” entre la ciudadanía, que ya no se asombra por los informes de muertes de mujeres que a diario se registran en el país, la inacción de las autoridades ante estos casos, la impunidad de los agresores y homicidas, y más allá, la falta de políticas públicas efectivas que les garanticen a ellas el respeto irrestricto de sus derechos.
Y no es que no se esté haciendo algo para enfrentar el problema, porque desde las oficinas gubernamentales se alzan voces de funcionarios y funcionarias que hablan de políticas para hacerle frente, pero en la realidad, las mujeres siguen siendo víctimas de sus agresores impunemente.
Hoy, que el calendario de las Naciones Unidas marca como el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer, se pone nuevamente el tema sobre la mesa y llama a la reflexión para tomar acciones conjuntas -Gobierno y sociedad- encaminadas a frenar todo tipo de violencia contra las niñas y las mujeres.
Esa debe ser la bandera de todo un país: todos unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Que este no sea más un tema que salta de las agendas de las y los políticos en tiempos de campaña.
