Editorial

De rodillas ante la extorsión

Los transportistas paralizaron ayer sus labores para demandar del gobierno acciones urgentes para hacer frente al delito de la extorsión, que está haciendo mella en sus finanzas, pero más allá, que le ha arrebatado la vida a más de 80 de sus trabajadores en lo que va del año.

Las acciones de los transportistas coincidieron con la decisión de la municipalidad de Lepaterique, Francisco Morazán, de ordenar un toque de queda en su perímetro urbano entre las diez de la noche y la cinco de la mañana, por un mes, para tratar de frenar los actos violentos y el incremento del delito de extorsión.

Una investigación que está publicando diario EL HERALDO deja en evidencia que otros sectores, como los pulperos, la micro y la pequeña empresa, son los principales focos de las bandas delincuenciales, que les tienen de rodillas ante la negligencia de las autoridades para enfrentar este flagelo, del que tampoco se escapan dueños de casas de habitación, a quienes los delincuentes han obligado, incluso, a abandonar sus viviendas.

La gravedad y el impacto del delito se expone en una investigación de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), según la cual la llamada “industria de la extorsión” recoge anualmente 737 millones de dólares, es decir unos 18,270 millones de lempiras que son equivalentes al 3% del PIB y a un 14.7% de recaudación fiscal; e impacta directamente a 206,623 hogares en los que viven alrededor de 847,154 niños, niñas, jóvenes y adultos.

La extorsión también aumenta la inseguridad, motiva la migración, financia grupos criminales, desincentiva la inversión, orilla al cierre de empresas, aumenta el desempleo y contribuye a la desescolarización.

Es, sin duda, una situación compleja que debe ser enfrentada con seriedad, firmeza, voluntad política y el apoyo de todos los sectores sociales, única forma posible de cortarle las alas a los extorsionadores.