Una nueva red de corrupción ha sido denunciada esta semana por la Unidad Investigativa de EL HERALDO, que logró documentar cómo desde la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), un selecto grupo de empresas constructoras y ONG desfalcaron al menos 314 millones de lempiras para la construcción de viviendas, pisos, techos y letrinas para damnificados de los huracanes Eta y Iota, familiares de los reclusos que murieron en un incendio del centro penal de Comayagua y policías, entre otros.
Según la denuncia, con la venia de las autoridades de Sedis, las empresas constructoras designadas para hacer los proyectos alquilaron decenas de ONG para recibir millonarios desembolsos de los proyectos asignados, muchos de los cuales ni siquiera comenzaron y otros abandonaron, en detrimento de sus beneficiarios.
Los fondos correspondían a 254 convenios para la construcción de 600 casas, 4,956 techos, 10,597 pisos y 6,771 letrinas, con lo que se beneficiaría a 22,294 familias.
Las cifras citadas aquí solo reflejan la descarada manera en que funcionarios públicos, coludidos con empresarios y ONG, despilfarraron y se llenaron sus bolsillos con dineros públicos, obviando que todos aquellos que reciben dineros del erario están obligados a la transparencia de los recursos económicos que se les entregan con el fin de alcanzar un mejor estado de desarrollo humano a las personas a quienes debían impactar.
Queda esperar que las instituciones contraloras cumplan con el mandato que ya les establecen las leyes para no verse en el penoso reclamo que permanentemente hace la población de decir que son elefantes blancos, investiguen y presenten ante la justicia a los responsables de este crimen, para que esta denuncia no quede en el olvido ni la impunidad, como ya se ha hecho costumbre.
