El incendio que el fin de semana destruyó casi en su totalidad el sector conocido como “El Cayo Bajo” en la paradisiaca isla de Guanaja no solo dejó en la calle a los pobladores y millonarias pérdidas económicas, sino que también puso al descubierto la ausencia de políticas de prevención y mitigación de desastres.
La zona del incendio era la más poblada y más pobre de la isla, vivían hacinados, no contaban con una estación de Bomberos, enfrentaban problemas de energía y agua potable, entre otros que han arrastrado históricamente ante la apatía de las autoridades locales y nacionales.
Pero este no es tiempo de buscar culpables sino de plantear soluciones a la población afectada, a corto, mediano y largo plazo; y que los planes que se estructuren cuenten con su participación y consenso.
A los pobladores de la isla de Guanaja que se han visto afectados por el incendio no se les puede abandonar a su suerte, pero se les debe ofrecer soluciones factibles, asegurándoles que no volverán a vivir en las condiciones que estaban, y que los recursos que se destinen a la reconstrucción se manejarán con responsabilidad y transparencia. Se les debe asegurar, antes de todo, que la reconstrucción no se hará sobre las cenizas y las condiciones previas al incendio, sino bajo criterios que aseguren un nuevo ordenamiento territorial y habitacional, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad afectada.
Asegurar, además, que los planes se concretarán en los tiempos que sean definidos y que no sucederá lo que ha pasado en otras regiones del país golpeadas por fenómenos naturales, a cuyas poblaciones se les ofreció apoyo más allá de las ayudas que les entregaron al momento de la emergencias, pero que con el paso del tiempo nunca se las hicieron efectivas.
La zona del incendio era la más poblada y más pobre de la isla, vivían hacinados, no contaban con una estación de Bomberos, enfrentaban problemas de energía y agua potable, entre otros que han arrastrado históricamente ante la apatía de las autoridades locales y nacionales.
Pero este no es tiempo de buscar culpables sino de plantear soluciones a la población afectada, a corto, mediano y largo plazo; y que los planes que se estructuren cuenten con su participación y consenso.
A los pobladores de la isla de Guanaja que se han visto afectados por el incendio no se les puede abandonar a su suerte, pero se les debe ofrecer soluciones factibles, asegurándoles que no volverán a vivir en las condiciones que estaban, y que los recursos que se destinen a la reconstrucción se manejarán con responsabilidad y transparencia. Se les debe asegurar, antes de todo, que la reconstrucción no se hará sobre las cenizas y las condiciones previas al incendio, sino bajo criterios que aseguren un nuevo ordenamiento territorial y habitacional, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad afectada.
Asegurar, además, que los planes se concretarán en los tiempos que sean definidos y que no sucederá lo que ha pasado en otras regiones del país golpeadas por fenómenos naturales, a cuyas poblaciones se les ofreció apoyo más allá de las ayudas que les entregaron al momento de la emergencias, pero que con el paso del tiempo nunca se las hicieron efectivas.
