Editorial

El gobierno de los Estados Unidos informó esta semana de la extensión del Estatus de Protección Temporal o TPS, para ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal y Sudán, hasta 3l de diciembre de 2022. La decisión notificada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no hace llamado a un nuevo TPS, lo que implica que la anunciada extensión aplica automáticamente solo a personas ya inscritas en el programa.

La decisión, que en el caso de Honduras favorece a unos 44,600 connacionales que residen en aquel país bajo este mecanismo, ha sido el resultado de la lucha legal emprendida por agrupaciones y migrantes de los cinco países citados anteriormente, luego del anuncio de los Estados Unidos, en 2018, de la cancelación del TPS, que suponía, a la vez, la cancelación de sus permisos de trabajo, el paso a la residencia ilegal, y en caso de deportación, a la separación de sus familias pues muchos de sus hijos son ciudadanos estadounidenses.

Pero el anuncio del DHS supone hoy un respiro para quienes un día lejano dejaron sus países de origen y se asentaron en Estados Unidos, donde formaron sus familias, pero también aportaron sus conocimientos y su fuerza de trabajo para contribuir al desarrollo de la patria que les cobijó en tiempos de desesperanza.

Les abre además las puertas para que puedan continuar su lucha por lograr que el Congreso les apruebe la legalización y abra con ello la senda a la ciudadanía a millones de indocumentados, algunos de ellos, como en el caso de miles de hondureños, con más de 20 años de residir en la nación del norte.

Una lucha a la que deberán unirse los gobiernos de los países de origen de los migrantes, incluyendo el de Honduras, con el propósito de ayudarles a alcanzar la solución definitiva a su problema migratorio