La violencia que por años sufren miles de mujeres puertas adentro de sus casas de habitación y que les ha arrebatado la vida a miles de ellas es la otra pandemia que golpea desde años a la población, y que, desgraciadamente, se incrementó en los tiempos del confinamiento obligado tras la aparición del covid-19.
Las denuncias por violencia en el hogar se incrementaron en más del 60% durante el confinamiento, en dos años y ocho meses (desde 2019 hasta la primera quincena de agosto de 2021) se hicieron al sistema 911 un total de 262,233 denuncias, lo que refleja la gravedad del problema, ya que los estudios sobre esta temática señalan que generalmente las víctimas de estas agresiones no las denuncian cuando ocurren por primera vez, sino hasta que son reiteradas y más graves.
Lamentable, muchas de estas denuncias no son atendidas a tiempo por las autoridades competentes y tampoco se judicializan, lo que permite al agresor continuar impunemente con sus conductas.
Esta es la deuda del Estado para con sus mujeres, jefas de familia, niñas, jóvenes y mayores de edad que sufren a diario estas agresiones, que implican agresiones físicas graves, insultos, laceraciones, forzar actos sexuales, etc.
Sin duda que este es un problema que debe ser atendido con urgencia, además se requieren revisar las políticas vigentes, comprobar su efectividad, los compromisos para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad y el mejoramiento de la capacidad ya instalada en pro del respeto integral de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Hoy que estamos en campaña electoral no estaría mal escuchar propuestas de quienes aspiran a gobernar el país sobre cómo piensan enfrentar esta problemática que -precisamente- afecta al mayor conglomerado de votantes a nivel nacional.
Las denuncias por violencia en el hogar se incrementaron en más del 60% durante el confinamiento, en dos años y ocho meses (desde 2019 hasta la primera quincena de agosto de 2021) se hicieron al sistema 911 un total de 262,233 denuncias, lo que refleja la gravedad del problema, ya que los estudios sobre esta temática señalan que generalmente las víctimas de estas agresiones no las denuncian cuando ocurren por primera vez, sino hasta que son reiteradas y más graves.
Lamentable, muchas de estas denuncias no son atendidas a tiempo por las autoridades competentes y tampoco se judicializan, lo que permite al agresor continuar impunemente con sus conductas.
Esta es la deuda del Estado para con sus mujeres, jefas de familia, niñas, jóvenes y mayores de edad que sufren a diario estas agresiones, que implican agresiones físicas graves, insultos, laceraciones, forzar actos sexuales, etc.
Sin duda que este es un problema que debe ser atendido con urgencia, además se requieren revisar las políticas vigentes, comprobar su efectividad, los compromisos para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad y el mejoramiento de la capacidad ya instalada en pro del respeto integral de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
Hoy que estamos en campaña electoral no estaría mal escuchar propuestas de quienes aspiran a gobernar el país sobre cómo piensan enfrentar esta problemática que -precisamente- afecta al mayor conglomerado de votantes a nivel nacional.
