Es inaceptable que en estos momentos que la población se defiende con uñas y dientes del ataque del covid-19, algunos sectores de la clase política inyecten un ingrediente de incertidumbre al proceso electoral en marcha, y que se esté planteando que las elecciones generales de noviembre próximo están en duda.
El tiempo está corriendo y los diputados oficialistas y de la oposición se enfrentan por la aprobación de un presupuesto adicional para la tecnificación del proceso electoral, lo que sin duda genera dudas sobre la manipulación de grupos que estarían interesados en que el proceso no se realice, o que el mismo se ejecute bajo reglas opacas que les permitan burlar la voluntad popular expresada en las urnas o, como se dice popularmente, hacer fraude.
La posición de los diputados oficialistas es avalada por el Poder Ejecutivo, desde donde dicen estar conscientes de la importancia de la democracia pero, arguyen, deben priorizar el uso de los escasos recursos con que cuenta el país en tiempos de pandemia.
Las posiciones encontradas ponen al país al borde de una nueva crisis político-social que sería lapidaria para un pueblo que en los últimos años solo ha visto crecer la pobreza, el desempleo y la corrupción, entre otros males que corroen los cimientos de la sociedad
“Nos están llevando a una nueva crisis electoral”, ha advertido el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, a la vez que ha advertido que “esta situación puede desencadenar en una problemática social y económica”.
Todos los actores políticos y sociales deben enfocar sus esfuerzos en resolver la actual discrepancia mediante un diálogo en el que los intereses de Honduras estén por encima de los intereses particulares y de grupos.
Tienen que encontrar avenidas de entendimiento que garanticen la calidad técnica del proceso y —con ello— un proceso electoral transparente en el que se respete la voluntad popular.
