La ingobernabilidad en las cárceles de Honduras volvió a quedar al descubierto el pasado lunes cuando reos de los presidios de Ilama, Santa Bárbara, y El Porvenir, en el valle de Siria, Francisco Morazán, se enfrentaron entre sí con el resultado de un hombre muerto y 12 heridos.
Increíblemente, en el enfrentamiento ocurrido en la cárcel “de máxima seguridad” de Ilama, conocida popularmente como “El Pozo”, miembros de la pandilla 18 lanzaron una granada a sus eternos rivales de la Mara Salvatrucha, sin que las autoridades puedan dar una explicación racional de cómo ingresó el artefacto explosivo a las celdas del reclusorio.
En el segundo enfrentamiento ocurrido en el módulo 11 de la cárcel de El Porvenir, los reclusos se enfrentaron a tiros, sin que tampoco se sepa de dónde obtuvieron las armas.
Nada novedoso, pues ya se ha vuelto habitual que los reos tengan en su poder armas de todo tipo y calibre y hasta drogas, y que nadie dé cuenta de cómo llegan a sus manos los pertrechos y un sinnúmero de objetos prohibidos.
Lo más grave es que todo esto sucede a pesar de las millonarias inversiones hechas por el Estado en sistemas de seguridad de alta tecnología y de última generación, según las valoraciones de las autoridades de turno al anunciar con bombos y platillos la adquisición de los equipos, y de los millones de lempiras que también se han invertido en programas de capacitación y contratación del personal penitenciario.
A la luz de los hechos ocurridos, los resultados de esas inversiones no han tenido los resultados esperados, y más bien, parecen haber agravado las condiciones de vida de la población penitenciaria, lo que obliga al Gobierno a dar un giro de timón a las políticas que vienen aplicando, pues lo sucedido esta semana solo refleja que en las cárceles sigue imperando la ley del más fuerte, y que las redes de corrupción que han imperado históricamente, siguen intactas.