La violencia homicida registra este año un alarmante incremento en Honduras, poniendo en tela de duda la efectividad de las políticas de seguridad que impulsa el gobierno para hacer frente a esta problemática, que desangra a la sociedad.
La violencia es esa otra pandemia a la que se enfrentan los hondureños y las hondureñas desde hace varios años, una pandemia que, al igual que el covid-19, le ha arrebatado la vida a centenares de personas, sin importar su edad, raza, condición económica, profesión u oficio, e incluso, militancia política.
En lo que va de 2021, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) registra un total de 1,519 muertes violentas, 173 más de las registradas el año pasado, en el que la movilidad ciudadana estuvo restringida por las cuarentenas impuestas tras la detección de los primeros casos de covid-19 en el territorio nacional.
Entre enero y lo que va del mes de junio se han registrado 23 masacres, que han dejado 81 víctimas.
Solo ayer, jueves, siete personas perdieron la vida en dos masacres, una ocurrida en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula, dos de las ciudades más violentas del país y de la región, pero a las que se suman Catacamas, en el oriente, y Choloma, en el norte, y como en la mayoría de los casos, los hechores se fugaron y los policías se limitaron a resguardar las escenas del crimen y anunciar que se abrían investigaciones y se buscaban a los asesinos, que en más de 90% de los casos están libres.
Las cifras son claras y urgen, sin duda, la revisión de las estrategias impulsadas hasta ahora, las que, si bien lograron en algún momento la reducción de las cifras que nos mostraban como uno de los países más violentos del mundo, no han sido del todo efectivas.
No hacerlo seguirá exponiendo a la sociedad, a las familias, a este tipo de violencia.
