La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) ha recibido las asistencias jurídicas internacionales solicitadas en el marco de las investigaciones de la adquisición por parte del Estado de Honduras de siete hospitales móviles para la atención de la emergencia de la pandemia del covid-19.
Esta fue una compra llave en mano que le representó al pueblo hondureño la erogación de 49 millones de dólares, más de 1,200 millones de lempiras.
Los equipos comprados no sirvieron para lo que fueron comprados y un año después están inoperables, salvo el de San Pedro Sula que funciona a medio vapor y el de Tegucigalpa que está siendo utilizado para la atención de patologías diferentes al covid-19.
Pero las irregularidades comenzaron a detectarse desde un principio, cuando no llegaron en los tiempos acordados y, más tarde, se supo que venían sin la factura original de compra y sin los manifiestos de carga, que son los documentos que amparan el transporte de mercancías ante las distintas autoridades.
Las acciones judiciales han estado paradas bajo el argumento de que las asistencias internacionales solicitadas a los gobiernos de Estados Unidos, Turquía, Panamá y Guatemala no habían sido respondidas.
Pero EL HERALDO ha conocido que las acciones judiciales han sido respondidas y se encuentran en poder de los fiscales que investigan el caso, por lo que se espera que sin dilaciones presenten ante los tribunales competentes las acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables de la —a todas luces— dolosa adquisición de equipos que no sirvieron para lo que se compraron y, además, llegaron incompletos y en mal estado.
La demanda de la ciudadanía es que los bienes que se compraron con sus dineros sean de la calidad pactada y que quienes cometieron las irregularidades señaladas, sin importar su posición o condición económica y política, sean juzgados en los tribunales competentes y se les aplique todo el peso de la ley.