Estamos a menos de un mes de la fecha de las elecciones internas y la clase política sigue sin tener las reglas claras del proceso en el cual los que se consideran los tres principales partidos políticos del país escogerán a sus candidatos a cargos de elección popular. Es más, se ha revelado que el recién creado Consejo Nacional Electoral (CNE) atraviesa “una crisis interna”, marcado por el desacuerdo entre los consejeros (militantes de las fuerzas políticas ahí representadas), en relación a temas vitales como la integración de las mesas electorales y el escrutinio de votos.
Mientras el desacuerdo entre los miembros del CNE sube de tono, también, en las calles, suben de tono los rumores alrededor de intereses creados para manipular el proceso electoral a favor de X o Y grupo, e, incluso, evitar que el proceso electoral interno convocado para el 14 de marzo se realice y, con ello, poner en vilo las elecciones generales de noviembre.
Lo que está pasando nos manda a reflexionar sobre ¿qué tan difícil es ponerse de acuerdo en temas vitales para la tranquilidad social y el fortalecimiento de la débil democracia hondureña? O ¿a qué juegan los que tienen en sus manos la obligación de trabajar en beneficio de los intereses de la mayoría y nunca de los personales o de sus conglomerados políticos?
Pero de algo que hoy deben estar claros los políticos que por años han manipulado los procesos electorales para satisfacer intereses particulares es que, en esta ocasión, el clamor popular demanda que la democracia no debe dar marcha atrás y los procesos electores de marzo (internas) y de noviembre (generales) deben celebrase tal cual están calendarizados. El país, y la comunidad internacional que acompaña este proceso, demanda que las mañas del pasado queden de lado y se respete la voluntad popular expresada en las urnas.
No hacerlo es fomentar la ilegalidad, la anarquía y la inestabilidad social.
