Casi es un hecho que la vacuna anticovid llegará primero al país y los costosos hospitales móviles comprados por Invest-H seguirán sin funcionar.
Fueron adquiridos el 18 de marzo de 2020 por un valor de 47.5 millones de dólares, a través de una operación con un entramado confuso que a la fecha el Ministerio Público dice no poder descifrar y que para ello espera la asistencia judicial de Estados Unidos, Turquía y Guatemala.
Cierta o no esta versión, la población se cuestiona si detrás de la parsimonia de la Fiscalía se estaría tratando de esconder el megafraude de una mafia que viene usando el poder político y los fondos públicos para enriquecerse.
Llama la atención que la entidad defensora de los intereses de la sociedad tampoco haya presentado acciones judiciales contra los responsables de ciertas compras fraudulentas que se realizaron en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para responder a la pandemia.
Mientras el Ministerio Público se paraliza frente a la indecencia ocurrida en las compras para atender la crisis sanitaria, el coronavirus, sin mayor oposición, gana terreno cada día y ya deja en Honduras 3,294 muertos y 129,805 contagiados.
Ante estas cifras que crecen a cada momento y el paso lento con que marcha la instalación de los hospitales móviles —que no son otra cosa que contenedores con cierta adaptación—, la población ya perdió la esperanza de que sirvan para atender la emergencia.
Es más, por tratarse de una adquisición repudiable, nadie quiere hacerse cargo de ellos. Invest-H primero dijo que los manejaría la Cruz Roja, luego los militares andaban detrás y se retiraron, la Secretaría de Salud tampoco muestra interés en operarlos. Como en este caso el sentido de urgencia ya se perdió, ahora solo queda vigilar que detrás de las compras de las vacunas anticovid no se geste otro fraude que los hondureños tengan que pagar con la vida.
