Hace unos días, en una de las calles de esta capital, una señora le pidió a un cobrador de bus que se colocara la mascarilla y la respuesta que obtuvo fue: “si le molesta, bájese”. Indignada, la dama se bajó y al ver a un agente de Tránsito le pidió que le exigiera al cobrador que utilizara el tapabocas, pero sorpresivamente el policía le contestó: “esa no es mi responsabilidad” y continuó inmerso en su teléfono móvil.
Esta conducta no es nueva en un rubro que siempre ha operado sin ley y orden, igualmente en los agentes encargados de proteger a la ciudadanía; no obstante, este comportamiento en tiempos de una pandemia se vuelve una verdadera amenaza para la salud de una población que, por necesidad, tiene que hacer uso del deficiente servicio de transporte público urbano e interurbano.
El covid-19 ya deja en el país 3,200 muertos y 125,118 infectados, principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A diez meses de estarlo sufriendo todos, ya deberíamos tener conocimiento de cómo se transmite y cómo evitar su propagación, pero en el transporte ese nivel de conciencia todavía no se alcanza y ante la flojedad de las autoridades respectivas eso no se ve posible.
Cuando los buseros querían volver a operar, tras el confinamiento, prometieron que solo llevarían un pasajero por asiento, que exigirían que todo el mundo usara el cubrebocas; los taxistas aseguraron que sus unidades tendrían una división para evitar el contacto entre usuarios y que los carros serían desinfectados constantemente, pero no cumplieron.
Como en este rubro se perdió el temor a la ley, a las multas y a los inspectores, las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) están obligadas a revisar el concesionamiento de los números de buses y taxis asignados- ya que estos siguen siendo propiedad del Estado- y aquel transportista que no cumpla con la ley se le cancele el permiso de operación y se asigne a una persona responsable.
