Las publicaciones de EL HERALDO referentes a que siete miembros de dos fuerzas de seguridad del Estado fueron arrestados el mismo día por el rapto de una persona y por querer meter droga a una cárcel de máxima seguridad, debe ser un llamado de alerta sobre los publicitados procesos de depuración que se vienen impulsando desde hace ya varios años en el país.
Se trata de tres agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) que fueron detenidos por sus mismos compañeros por su supuesta participación en la privación de libertad de una persona en la región oriental, y de cuatro miembros de la Policía Militar de Orden Público por intentar introducir droga a la cárcel de máxima seguridad de El Pozo I en Ilama, Santa Bárbara.
Estos casos han salido a la luz, pero todos los días la población se encuentra en su camino con miembros de las diversas fuerzas policiales y militares que abusan impunemente de la autoridad que les da el uniforme que portan, violentándoles los derechos que por ley están obligados a proteger.
Los involucrados en estos casos deben ser juzgados con base en lo que establecen las mismas leyes para con ello continuar sentando precedentes, para que este tipo de hechos vayan bajando y, por qué no soñar, con que algún día la incidencia de los mismos será mínima, para el bien de la ciudadanía.
Estamos claros que los riesgos de corrupción en instituciones como estas son permanentes, que ninguna policía del mundo es totalmente limpia, y que por ello es de suma importancia que se mantengan activos y permanentes los procesos de depuración y de enrolamiento que vienen aplicándose en la Policía Nacional desde 2016; y que se revisen y afinen constantemente los mecanismos para identificar las faltas y las sanciones a aplicarse a quienes delinquen con el uniforme puesto, no importando el grado que ostenten.
En este tema no se debe bajar la guardia.
