El Ministerio de Salud ha anunciado que por fin comenzará a funcionar hoy uno de los dos hospitales móviles comprados al contado en Turquía y que llegaron al país hace más de 90 días. Se trata de la estructura asignada a la ciudad de San Pedro Sula, uno de los epicentros de la pandemia del covid-19 en Honduras. Del segundo hospital que se instalará en Tegucigalpa, ni siquiera hay una fecha probable.
La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, ha justificado el retraso diciendo que “ha costado articular los sistemas que los conforman, por lo que no han comenzado a funcionar, ya que deben verificar que funcionen en óptimas condiciones”, sin referirse siquiera al incumplimiento del proveedor, con quien firmaron un contrato llave en mano. Ahora aseguran que “se han subsanado todas las fallas que fueron detectadas y que sus equipos técnicos han verificado la funcionalidad de la infraestructura”.
Hay que confiar que así sea y que una vez puesto en funcionamiento se garantizará el buen trato y por ende la vida del personal médico y de los pacientes que ahí sean tratados.
Pero deben tener claro que no es suficiente con que se diga que los hospitales están en óptimas condiciones y constan de alta tecnología.
Es prioritario también que se expliquen cada una de las aristas que han sido denunciadas alrededor de estas compras, se agilicen los procesos de investigación y se judicialicen los casos contra quienes se identifiquen como responsables de todas y cada una de las anomalías denunciadas, tanto en el caso de los hospitales móviles como en la compra de otros equipos e insumos para la atención de la pandemia.
La institucionalidad debe funcionar.
La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Cuentas, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, entre otras instancias, deben actuar con diligencia en defensa de los intereses y bienes del Estado para desmontar las redes de corrupción que históricamente se han dedicado a saquear los fondos públicos profundizando con ello la pobreza y la desigualdad.