Editorial

El bono para los pastores

En las últimas semanas, una nueva controversia ha copado las agendas informativas nacionales alrededor de una solicitud de ayuda económica con fondos estatales para pastores de la iglesia evangélica que estarían en estado de calamidad por la pandemia del covid-19, que les ha obligado a mantener sus iglesias cerradas.

La controversia quedó servida luego que la Conferencia Evangélica de Honduras hizo pública una circular en la que informaba del beneficio que recibirían de parte del gobierno como “una recompensa de todos los años de arduo trabajo en la obra de Dios”.

En un primer momento se dijo que la ayuda sería también para los sacerdotes de la Iglesia Católica, sin embargo, la Conferencia Episcopal salió al paso negando que ellos hubieran solicitado la ayuda y anunciado que no la recibirían.

Son muchos también los pastores que han salido a decir que no aceptarán la ayuda que ha sido solicitada (y ofrecida) por el Estado, ya que consideran improcedente solicitar este tipo de privilegios para los pastores, sin tener en cuenta a los millones de hondureños y hondureñas que se enfrentan a similares problemas por haber perdido sus empleos y sus fuentes de empleo en los seis meses de confinamiento, y que son centenares de hombres, mujeres y niños que se han lanzado a las calles a pedir ayudas para sobrevivir.

Quienes promueven este tipo de ayudas especiales para grupos específicos no deben olvidar que Honduras constitucionalmente es un Estado laico desde hace ya 140 años y que no es ético utilizar la labor religiosa para gestionar este tipo de ayudas, y más en los momentos de precariedad que vive una sociedad que lo que demanda son políticas públicas que abarquen no solo a los pastores o religiosos, sino también al más humilde hondureño que vive en el lugar más alejado del territorio nacional, sin acceso a empleo, a un salario y una jubilación digna, a un seguro social; hondureños y hondureñas que sueñan con ayudas oficiales para superar algún día la pobreza en la que viven.