Editorial

Frenar la violencia contra la mujer

Frenar la violencia contra las mujeres es una de las deudas pendientes del Estado hondureño con el principal segmento de su población, que día con día está siendo víctima de esa otra pandemia que crece silenciosamente y ante la apatía de las autoridades que no actúan ni siquiera frente a los crueles asesinatos de que están siendo víctimas.

Esos asesinatos no deben seguir impunes, porque su falta de castigo es, precisamente, uno de los principales alicientes para que estos hechos se repitan a diario en todos los rincones del país.

Pero también hay que tomar acciones para frenar los otros tipos de violencia contra las mujeres, como la violencia psicológica, el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, la explotación laboral y sexual, que son solo algunas de esas prácticas inhumanas y atentatorias contra sus derechos humanos.

El hogar, que debería ser el lugar más seguro para ellas, ha pasado a ser a lo largo de las cuarentenas obligatorias por la pandemia del covid-19 sus cárceles, sus centros de tortura.

La situación ha sido tan grave en este período que las autoridades han informado que desde el inicio del confinamiento en el mes de marzo, los servicios de emergencia recibieron el más alto número de llamadas relacionadas con la violencia contra la mujer en lo que va del año y que en este periodo también son muchas las mujeres que han perdido la vida de manera cruel.

Uno de los casos más dantescos se registró esta semana en el barrio San Martín de la aldea Pinalejo, Quimistán, Santa Bárbara, donde un hombre, que era el esposo de su prima, roció combustible y prendió fuego a Liliam Victorina González, de 33 años. En este caso, al menos, el supuesto agresor ha sido capturado, en una acción poco común en este tipo de hechos que están impunes en más del 90%.

Los gritos de auxilio de las víctimas de todo tipo de violencia deben escucharse y activar los mecanismos de atención e investigación de sus denuncias, de castigo de sus agresores y de la implementación de políticas públicas que garanticen sus derechos en todos los ámbitos de su vida