Editorial

Ingobernabilidad carcelaria

La historia parece sacada de una novela policiaca, sin embargo, es, tristemente, un ejemplo más de la corrupción e impunidad que corroe los sistemas de seguridad de las cárceles hondureñas.

Nos referimos al caso de un reo, jefe de una peligrosa banda criminal, identificado como Hosmín Steven Medina Rodríguez u Osmín Steven Rodríguez Medina, condenado a 101 años de prisión por la comisión de varios delitos, quien habría pagado hasta dos millones de lempiras para escapar de la celda de “máxima seguridad” en la que guardaba prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara. En la trama estarían involucrados empleados de los tribunales de justicia y autoridades de la cárcel, quienes, ante la inoperancia manifiesta de los fiscales del Ministerio Público, actuaron con la velocidad de un rayo para dejar en libertad al delincuente, con quien incluso tuvieron la deferencia de enviarlo a dejar de un carro del Instituto Nacional Penitenciario hasta el sector de El Durazno, en la entrada de Tegucigalpa. Esta es una de las al menos 15 fugas que se han registrado en los centros penales en los meses que han estado bajo el control de los militares, a quienes se les entregó esta responsabilidad en un intento de frenar los actos de violencia, corrupción, colusión de las autoridades penitenciarias con las bandas criminales y de narcotráfico, que echan por tierra las políticas carcelarias impulsadas por la actual administración del Estado, que ha destinado millones de lempiras para modernizar y garantizar la seguridad en el sistema penitenciario a nivel nacional, sin éxito, tal cual lo refleja el caso de Rodríguez Medina o Medina Rodríguez, que deja una vez más al descubierto la ingobernabilidad que impera en el sistema carcelario y la impunidad con que actúan muchas de sus autoridades en confabulación con jueces y fiscales. Es cierto que el manejo de la pandemia y su impacto en la salud y la economía copa la agenda del gobierno, que debe —no obstante— ordenar se investiguen estas denuncias, se castiguen, y se retomen acciones encaminadas a recuperar la gobernabildad del sistema. La impunidad debe terminar