El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) comunicó ayer que ha trasladado al Ministerio Público el “Informe con indicios de responsabilidad penal No. 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-A por el período comprendido del 19 de marzo al 4 de mayo de 2020, que se deriva de la Investigación Especial Practicada a INVEST-H”, en cumplimiento del mandato constitucional de velar por el correcto uso y destino de los fondos públicos, en el caso particular, los fondos asignados para atender la emergencia sanitaria producto del covid-19.
Un paso importante, sin duda, en momentos en los que la ciudadanía reclama que se aclare la cuestionada compra de los hospitales móviles que le han dejado un mal sabor de boca, en virtud de los detalles anómalos de su contratación y compra.
Pero eso no debe ser todo, pues la aspiración de las y los hondureños es que todas y cada una de las autoridades encargadas de la rendición de cuentas y persecución del delito trabajen rápida y diligentemente en la búsqueda de las respuestas que la sociedad busca en relación a cada una de las anormalidades que han conocido a través de los diferentes medios de comunicación.
No bastará, entonces, con decir que en un primer informe han identificado responsabilidades penales, sino que se aporten las pruebas que sirvan al Ministerio Público para sustentar sus propias investigaciones y los requerimientos fiscales y los juicios en contra de exfuncionarios y funcionarios que resulten responsables de las atrocidades denunciadas hasta ahora, y que en el Poder Judicial garanticen juicios justos e independientes a quienes sean imputados. Esperar también que la recién nombrada junta interventora de Invest-H acompañe todos estos procesos transparentando todas y cada una de sus actuaciones y apoyando los procesos de investigación poniendo a disposición de los organismos competentes la información que demanden.
