Las anormalidades que evidentemente hay en el proceso de compra de siete hospitales móviles para la atención de la pandemia del covid-19 deben ser investigadas de inmediato y sus responsables castigados con todo el peso de la ley. No puede pasar desapercibida la denuncia de la empresa turca SDI Global (constructora de los hospitales) sobre que no tienen ningún arreglo de compra con el gobierno hondureño o con la empresa Elmed Medical System, que sería la proveedora de las unidades y que más bien ha procedido a presentar cargos penales formales contra Mobile Hospitals y/o Elmed Medical y/o Axel López (intermediario de la supuesta compra) por apropiarse de información de la compañía para cerrar el trato. Tampoco es suficiente con que el titular de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, salga en su defensa a decir que la denuncia de la compañía turca “es falsa” y que él y su gobierno son víctimas de una campaña de desprestigio.
No. Bográn está obligado a darle al pueblo y a las instituciones contraloras del país un informe detallado de esa -a todas luces- oscura transacción y hacer públicos todos los documentos de la transacción porque como bien dice el dicho popular: “Los papelitos hablan”.
El Ministerio Público, por su parte, debe actuar de oficio en este caso y realizar una investigación seria que lleve a aclarar y castigar a los responsables.
Se tiene que llegar hasta el fondo de este asunto porque esos hospitales debieron llegar hace ya días al país, que está viendo cómo mueren a diario decenas de personas a causa del covid-19, además, porque es tiempo de comenzar a sentar precedentes enviando a la cárcel a todos aquellos que se aprovechan de sus posiciones de poder para enriquecerse con los escasos presupuestos de uno de los países más pobres del continente. El pueblo está harto de tanta corrupción e impunidad y en medio del dolor y la muerte que causa la pandemia, clama justicia.
