esde hace más de un año, la situación en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) no es normal.
Por un lado, los empresarios, principales aportantes financieros, demandan reformas encaminadas a hacer más ágil y transparente la administración, y por otro, los trabajadores denuncian tales demandas como parte de un proceso de privatización, lo que al final ha repercutido en los usuarios de la institución, principalmente sus estudiantes, que se han visto afectados por la suspensión temporal de sus servicios.
En medio del estira y encoge entre empresarios y trabajadores, queda claro que la institución requiere de las reformas que sean necesarias para desarrollar el potencial y su capacidad instalada en favor de los miles de jóvenes que tienen en ella su única oportunidad de profesionalización en áreas técnicas.
La institución trabaja con un presupuesto de mil millones de lempiras, una cifra nada despreciable que debería estar siendo utilizada para garantizar a los usuarios de la institución una educación de calidad.
No hay que olvidar que son miles las personas que han recibido más de una capacitación en esa institución, miles los y las jóvenes que han pasado por sus aulas y salido con un diploma que les acredita para ejercer un oficio dignamente.
Pero tampoco que esta ha sido una institución noble de la que los políticos han abusado por años, utilizado sus recursos para favorecer a su clientela e, incluso, para impulsar campañas proselitistas, lo que no puede seguir sucediendo.
El Infop no debe ser más nido de activistas políticos de ningún partido ni de sindicalistas que sangran sus finanzas.
La institución debe ser urgentemente despolitizada y su oferta educativa revisada y puesta a tono con las demandas del mercado laboral. No se debe perder más tiempo
