José Arita fue acribillado a balazos el lunes pasado cuando salía de hacer su programa “La hora de la verdad” en un canal de la televisión de Puerto Cortés, y pasa a formar parte de la larga lista de comunicadores sociales que este año han perdido la vida de forma violenta en Honduras.
Este es un hecho que nos refleja una vez más que la situación de la libertad de prensa en Honduras es cada día más difícil y que este 2019 ha sido un año especialmente dramático para los trabajadores de los medios de comunicación, principalmente del interior del país, donde han sido asesinados cruelmente, con Arita, ocho comunicadores sociales.
Las muertes de Joel Aguilar en La Entrada, Copán; de Santiago Carvajal en Puerto Cortés; Leonardo Gabriel Hernández en Nacaome, Valle; Johana Alvarado en Catacamas, Olancho; Buenaventura Calderón en La Mosquitia, Gracias a Dios; Kevin Francisco Cerna en Copán y Melvin Tinoco en Santa Bárbara están impunes. Ni sus autores materiales y mucho menos los intelectuales están tras las rejas, donde deberían estar.
Tampoco lo están los responsables del 93% de los otros 84 periodistas y comunicadores sociales que han sido asesinados en el país entre 2001 y 2019.
Ello solo refleja la alta vulnerabilidad y peligrosidad del trabajo de la prensa en el país, algo que es intolerable.
La impunidad favorece que este tipo de delitos se sigan cometiendo en un país donde el asesinato se alza como una de las formas más brutales de intimidación para la prensa.
Hoy nos toca condenar y repudiar el asesinato de José Arita y demandar al Estado el respeto irrestricto a los derechos de la libertad de expresión y la libertad de información y prensa, tal como lo manda la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos y convenciones internacionales de los que Honduras es signataria.
