EL HERALDO publicó en su edición de ayer el decreto ejecutivo número PCM052-2019 donde se manda a crear el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), que estará adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional y que tendrá como objetivo incrementar la productividad y rentabilidad agrícola, para lo que dispondrán de al menos 4,000 millones de lempiras en los próximos cinco años.
La decisión del Poder Ejecutivo ha tomado por sorpresa a varios sectores de la sociedad pues en la estructura administrativa del Estado se cuenta con una dependencia especializada, como ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), para coordinar las políticas del sector.
La decisión genera, además, una serie de preguntas que sin duda deben tener respuestas por parte de la administración actual del Estado. Por ejemplo, ¿por qué darle a los militares la responsabilidad de administrar un programa de estas dimensiones? ¿por qué no le dieron la coordinación de ese programa a la SAG? Si no se tiene confianza en las actuales autoridades de la SAG, ¿por qué no ordenar una reestructuración total?
Y si bien, el artículo 274 de la Constitución establece que “Las Fuerzas Armadas estarán sujetas a las disposiciones de su ley constitutiva y a las demás leyes y reglamentos que regulen su funcionamiento.
Cooperarán con el Poder Ejecutivo en las labores de alfabetización, educación, agricultura, conservación de recursos naturales, vialidad, comunicaciones, sanidad, reforma agraria y situaciones de emergencia”, está claro que el rol de los administradores del Estado debe estar orientado al fortalecimiento de las instituciones, nunca a su debilitamiento, y a garantizar que cada una cumpla sus mandatos tal cual ya están establecidos en las leyes de la República.
