El Estado ha cumplido con ellos. Les ha pagado hasta el último cinco de la deuda política. Antes de su cierre definitivo, el otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE) procedió a cancelar 197 millones de lempiras de deuda política a los diez partidos que participaron en las elecciones generales de 2017, de los cuales el Partido Nacional (61 millones), el partido Libre (45 millones) y el Partido Liberal (36 millones) se llevaron la mayor parte.
Esta asignación que hace el Estado a los institutos políticos fue calculada en base a 39.20 lempiras por cada voto obtenido por las agrupaciones políticas participantes en la contienda, tomando como base el reporte inflacionario del Banco Central de Honduras (BCH).
En total, los comicios en los que se eligieron los actuales 128 diputados propietarios y suplentes, los 298 alcaldes y sus regidores municipales, y el presidente de la República y sus tres designados presidenciales, le costaron al pueblo más de mil millones de lempiras, un costo alto para un país en el que campea la pobreza y la miseria, y escasean las oportunidades de empleo, de educación, de acceso a una vivienda digna.
Los políticos, desde cada uno de los partidos, están obligados a rendir cuenta del manejo de cada cinco de ese presupuesto e ir más allá, trabajar desde los cargos que ostentan gracias al favor popular por los más desposeídos de la patria; por los niños, las niñas y los jóvenes que aspiran por un cupo en el sistema oficial de enseñanza y por una educación de calidad; por quienes aspiran a tener un empleo y un salario digno, con servicios de salud en los que se les trate con respeto y se atiendan sus necesidades, con posibilidades de poder tener acceso a una vivienda digna. Pero también trabajar por crear un país respetuoso de la Constitución y sus leyes, un país que garantice a los inversionistas nacionales y extranjeros seguridad jurídica. Luchar por un país en el cual la violencia y la delincuencia sean enfrentados con severidad.
Comprometerse a la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad y apostar por la transparencia en el ejercicio público de sus labores. Por el bien de la democracia y del país, tienen que recorrer este camino.
