i bien se han dado pasos importantes en la lucha contra la delincuencia y la seguridad en el sistema penitenciario hondureño, las situaciones que allí se reportan siguen siendo alarmantes.
Parece que de muy poco ha servido que se estén implementando nuevas medidas e incluso invirtiendo en alta tecnología para evitar que las cárceles sigan siendo utilizadas por los delincuentes como principales centros de planificación de sus acciones delictivas en detrimento de la población.
La vulnerabilidad de los centros penales quedó una vez más evidenciada en una operación de rutina que se realizó hace algunos días en la cárcel de El Progreso, Yoro, donde encontraron droga, celulares, armas de fuego, armas cortopunzantes, dinero en efectivo, cargadores, extensiones y hasta electrodomésticos.
Sorprende que hayan encontrado 917 bolsitas de marihuana que estaban listas para su comercialización en el mismo recinto.
¿Cómo ingresó la droga? Pues es seguro que con la complicidad de los equipos encargados de la seguridad del penal, porque si algo es seguro es que no llegaron ahí por arte de magia.
Eso quiere decir que los controles de contratación de este personal deben ser más rigurosos de lo que ya son, pues mientras ellos sigan facilitando la labor de los criminales, la ciudadanía honrada seguirá siendo víctima de los actos delincuenciales que estas personas ordenan ejecutar.
No es suficiente con que las autoridades penitenciarias salgan a la palestra pública a decir que tienen el control y que garantizan la gobernabilidad en el sistema penitenciario nacional. El Estado está obligado a investigar quiénes son los responsables de estos actos ilícitos y castigarlos como lo establecen las leyes de la República. De no ser así, de nada le servirá al país contar con leyes si no se cuenta con un sistema eficiente para garantizar su cumplimiento y aplicación. Está claro que el único camino para garantizar la paz y la seguridad de la ciudadanía está en el cumplimiento irrestricto de sus leyes.
