Editorial

Los grandes retos de la transparencia

La transparencia se ha convertido, hoy en día, en un indicador fundamental de la calidad de los gobiernos que aspiran a considerarse democráticos, es la principal herramienta de lo que se da en llamar el buen gobierno y uno de los mecanismos para construir transparencia es garantizar el acceso a la información pública para la correcta rendición de cuentas y del derecho ciudadano a saber sobre la gestión pública. En Honduras, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) es el garante del derecho de acceso a la información, a pesar de lo cual, con el paso del tiempo, no ha dado un buen ejemplo en el
cumplimiento de su mandato.

Esta semana, el Congreso Nacional ha nombrado a los nuevos comisionados de ese instituto y la responsabilidad ha recaído en los profesionales Hermes Moncada, Vladimir Mendoza e Ivonne Ardón, quienes llegan con la bendición de sus partidos políticos, pero con un gran reto en la mano: hacer del IAIP el organismo garante del derecho de acceso a la información para lo que fue creado, y no un instrumento de opacidad de la gestión pública. Ellos están obligados a ir más allá de la revisión de los portales de transparencia de las instituciones públicas y darles calificaciones del 100% por supuestamente disponer en los mismos de la información requerida, aunque no sea así. Deberán trabajar en el fortalecimiento de la institución, aún en medio de las limitaciones presupuestarias que puedan enfrentar, y garantizar a la ciudadanía su acceso a la información en todos los ámbitos. Uno de sus grandes retos será, sin duda alguna, la derogación de la Ley de Secretos Oficiales o Desclasificación de la información Pública en vigencia desde marzo de 2014, y que es considerada como uno de los principales muros en la lucha contra la corrupción e impunidad en Honduras. Importante será también que fomenten y popularicen la cultura de la transparencia, haciéndole ver a los funcionarios que la información de las instituciones es propiedad pública, y creando conciencia en los usuarios sobre el derecho de hacer uso de esa información, y con ello contribuir al fortalecimiento de la democracia.