Somos muchos los hondureños y hondureñas que crecimos creyendo que los fondos del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) eran para atender las necesidades del binomio madre-niño, las que, de más está decir, son monumentales.
Es una realidad que nos explota en la cara al tan solo salir de nuestras casas y recorrer las calles y bulevares de la ciudades grandes de Honduras, que sirven de hogar a miles de ellos. Miles más no tienen acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento, energía eléctrica, salud y educación. No tienen para llevar a su mesa un plato de comida caliente al día y mucho menos para vestir una mudada de ropa limpia y sin agujeros, entre
otras carencias.
Por eso, saber que muchos de los fondos que obtiene el Pani no están siendo utilizados para apoyar a esta población, preocupa.
Esta semana hemos conocido que más de 80 millones de lempiras han salido del Pani para el Programa de Becas 20/20, y que quede claro que no estamos en contra de que dineros públicos se destinen para este fin; sin embargo, consideramos que el gobierno debe ordenar sus presupuestos en base a las necesidades de la población y cumplir con los mandatos que cada una de sus instituciones tiene, según lo establecen sus leyes constitutivas, y en el caso del Pani está claro que deben invertirse y destinarse en programas de inversión social, buenas causas y, primordialmente, en la protección social del
binomio madre-niño.
En ese sentido, el trabajo debe orientarse a identificar las fuentes de financiamiento para las Becas 20/20 y la atención de otras necesidades ingentes en el sistema educativo.
El gobierno debe terminar con la costumbre poco transparente del cambio de partidas presupuestarias a través de decretos ejecutivos que muchas veces nadie conoce, y asegurar mayor transparencia en la ejecución del gasto público.
