Las principales luchas en sociedades como la hondureña son contra la corrupción, la criminalidad organizada y el narcotráfico, males que se han entronizado en las más altas esferas del poder político y gubernamental causando grandes prejuicios a la colectividad.
No es fácil luchar contra los corruptos.
Estos grupos irregulares han trabajado duro permeando los más altos cargos del estamento político nacional para garantizar su libertad de acción y hasta la protección del Estado en el ejercicio de sus actividades delincuenciales.
Eso ha pasado en Honduras, donde ha sido difícil enjuiciar a funcionarios de todos los rangos que han ido al Estado con el firme propósito de saquear sus estructuras.
El desencanto popular por las pocas acciones en contra de la corrupción orilló al gobierno a solicitar el apoyo de la comunidad internacional y a la conformación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y al Impunidad en Honduras (Maccih).
El trabajo de la Maccih no ha sido fácil, pero como ellos lo han reconocido en un comunicado, el liderazgo y el apoyo del fiscal general Óscar Chinchilla ha sido fundamental en la investigación penal relacionada con esas redes de corrupción que aquí señalábamos.
Es bueno saber que los funcionarios hondureños están favoreciendo un trabajo tan importante para un país que se ve golpeado por este tipo de flagelos.
Ese debe ser el papel de los funcionarios públicos, el de cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, algo que en el país debe dejar de ser una utopía.
Está claro que no es todo lo que se debe hacer y que el camino que queda por recorrer hacia adelante es bastante largo.
Pero es necesario mandar el mensaje a quienes están acostumbrados a actuar impunemente que en el país comenzaron a cambiar las cosas, que hay una sociedad vigilante de sus acciones y funcionarios dispuestos al cumplimiento de las leyes. Solo así caminaremos firmes en la búsqueda de la justicia y el fin
de la impunidad.
