Tres asesinatos han conmovido este fin de semana la conciencia nacional. En Choluteca, la niña de once años Estefany Yolany López fue asesinada por hombres armados que atacaron a tiros el carro en que se conducía junto a su familia. El segundo hecho ocurrió en Puerto Cortés, donde el comunicador social Santiago Carbajal fue atacado a tiros cuando iba para un canal de televisión para participar como invitado en uno de los programas de la emisora. Carbajal dirigía un programa llamado “La galaxia de Santi” y era un conocido activista por los derechos humanos de la comunidad LGTBI en la región norte. En Tegucigalpa, la madrugada del lunes otros dos miembros de la comunidad LGTBI fueron atacados a tiros por desconocidos. En este hecho, murió instantáneamente una persona identificada solo como “Michelle”, quien era originaria de Tela, mientras que su acompañante está grave en el Hospital Escuela Universitario. Los ataques contra los miembros de la comunidad LGTBI han sido calificados por dirigentes del sector como “crímenes de odio” y deben ser investigados como tal, pero por igual el de la niña que era hija de un conocido miembro del opositor partido Libertad y Refundación en la zona sur de Honduras.
Los tres son crímenes repudiables que no
debieron ocurrir.
El gobierno, sus autoridades, están obligados a abrir investigaciones serias que lleven a la judicialización de los casos y el castigo de los responsables, pero se debe actuar con diligencia y prontitud. Estos casos no deben pasar a engrosar la extensa lista de asesinatos impunes que ya existe en el país, y entre los que resaltan las 101 muertes de miembros de la comunidad LGTBI registradas por el Conadeh desde
2012 a la fecha.
El respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, sin importar su raza, condición social y/o preferencia sexual, es inalienable, por lo que todos estamos en la obligación de respetarlos. Hay que poner punto final a esta espiral de violencia que golpea a la sociedad.
