La muerte de un joven de 17 años la noche del miércoles en Choluteca, y la posterior destrucción de las instalaciones físicas del Hospital del Sur en esa misma ciudad, son dos hechos repudiables que no deben pasar desapercibidos por la ciudadanía y mucho menos por las autoridades del país.
No hay justificación válida para que una persona pierda la vida en las circunstancias en las que falleció el joven Wilfredo de Jesús Moncada durante los actos de protesta que opositores al gobierno del presidente Juan Orlando Hernández realizan todos los miércoles y sábados en la sultana del sur.
Tampoco la hay para que los manifestantes hayan destruido las instalaciones del Hospital del Sur, que más está decir es uno de los centros hospitalarios más relegados del país.
Las autoridades están obligadas a investigar al detalle qué sucedió la noche del miércoles, a identificar a quien o quienes dispararon contra el joven y presentarlos ante la justicia, sin importar si son o no parte de los cuerpos policiales.
También debe abrirse una investigación para determinar quiénes han sido los responsables de la destrucción del Hospital del Sur, que de más está decir que ayer amaneció cerrado, afectando con ello a los más pobres, que son los que acuden a estos centros de asistencia. Ellos también deben ser llevados ante los tribunales competentes para que se les deduzcan sus responsabilidades.
Estos son hechos que no deben quedar impunes, y para garantizar la tranquilidad social deben ser investigados rápidamente, porque es claro que justicia tardía no es justicia y que la violencia, venga de donde venga, debe ser castigada.
La protesta social es válida en todo país democrático, es una de las pocas herramientas que tiene la ciudadanía para manifestarse. Es un derecho inalienable, pero el mismo debe ejercerse responsablemente.
